El corazón del RIGI apunta a permitir que las actividades relacionadas con la explotación, procesamiento, transporte, almacenaje, industrialización y comercialización de hidrocarburos puedan ser realizadas por empresas estatales, privadas o mixtas.
Y si bien el objetivo es alentar el ingreso de capitales de todos los sectores, son las mineras, las hidrocarburíferas e incluso los grandes fondos comunes de inversión quienes conforman el principal foco de interés del Gobierno argentino. En este sentido, se les permitirá la extracción de recursos naturales sin restricciones, así como la posibilidad de resolver cualquier complicación mediante arbitraje legal internacional.
Una nueva era comienza en la Argentina en cuanto a la explotación de los recursos hidrocarburíferos. El Gobierno de Javier Milei propone abordarla con un enfoque de maximización de rentabilidad cuya prioridad no será el pleno abastecimiento del mercado interno, sino en la producción de excedentes exportables de libre disponibilidad.
Un ejemplo: la mayor apuesta del RIGI, incluido en la ley de bases. es hacer del sector energético otro complejo sojero con el desarrollo del gas natural licuado (GNL). De hecho, los permisionarios y concesionarios tendrán dominio sobre los hidrocarburos extraídos y podrán comercializar libremente, incluyendo la exportación. Se trata de un cambio regulatorio histórico en materia comercial y geopolítica para el país.
Cabe destacar que todos los proyectos que cuadren en el RIGI podrán desarrollarse también en otros sectores como foresto industrial, turismo, infraestructura, tecnología o siderurgia.
Este régimen cobrará su forma más definitiva en las próximas semanas. Se espera que en menos de dos meses (y luego de las negociaciones que siguen llevando adelante funcionarios argentinos con representantes de los sectores más importante de la economía local) se concrete sus puntos y comas formales: ¿cómo se dará la competencia con industrias existentes en el país?
Lo que sí ha quedado ya establecido es que el RIGI les garantiza estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años desde su fecha de adhesión a todo proyecto de inversión que encuadre.
Según el presidente Milei, esta normativa busca simplificar y modernizar el funcionamiento del Estado. A través de una serie de reformas estructurales, intentará promover la eficiencia administrativa y la reducción de la burocracia.
Prometió, paralelamente, la reducción del déficit fiscal a partir del recorte de planes sociales, obra pública, asistencia alimentaria e inversión pública en Salud y Educación.
La flamante Ley de Bases cuenta con historia propia de idas y vueltas en el Congreso y en el Senado de la Nación a partir de constantes negociaciones para quitar o modificar los 600 artículos promedio de su primera versión.
Maratónicas sesiones (más de 14 horas seguidas) en ambas cámaras dieron como resultado la nueva versión de la norma que finalmente fue aprobada pero que todavía está en plena construcción de su reglamentación. Aún no está vigente.
Su alcance es tan amplio que incluye temas como la declaración de emergencia económica, la reforma del Estado, la desarticulación del empleo registrado, la modernización laboral, la energía y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), entre otros.
Si bien es cierto: el tratamiento de toda la Ley Bases genera controversia en la esfera política; es el RIGI el punto más controvertido tanto en la agenda pública como al interior de todas las áreas afectadas. Al calor de esta iniciativa fundacional para el país se abren posiciones favorables y críticas en diferentes niveles de discusión.
La mayoría del arco empresarial -fundamentalmente quienes apuntan a energías renovables- se postula entusiasta con la posibilidad de acceder con mínimas restricciones a recursos naturales o a gestiones financieras que no exigen liquidación de divisas u otras obligaciones que sí son fijadas y cumplidas a rajatabla en varios países desarrollados.
La industria nacional -la industria forestal inclusive, los “dólares de la madera”- y un conglomerado de fondos internacionales de inversión miran con buenos ojos la proyección de estabilidad tributaria y cambiaria al abrazo de seguridad jurídica que les está ofreciendo la Argentina.
Las críticas surgen de un segmento del arco político local, que brega por la soberanía nacional en todo sentido: comercial, territorial y económico. Dirigentes, funcionarios, académicos y algunos empresarios plantean la necesidad imperiosa de que las inversiones que lleguen al país permitan generar ganancias para sus dueños pero también garanticen el desarrollo de la industria en territorio argentino y el crecimiento de las economías regionales de tan amplio y vasto país.
Incluso expresiones inesperadas como la del sector de pesca vienen escalando en la discusión: sostienen que el RIGI permite que cualquier capital extranjero desguace la producción de mares y atente contra el cuidado de ese recurso de una forma desventajosa en todo sentido para la industria nacional.
Con igual urgencia han respondido las más de 500.000 PYMES argentinas que generan más de 4,5 puestos de trabajo cuestionan una serie de condiciones que ponen en peligro su supervivencia en el marco de una economía de libre mercado y legislaciones internacionales. Si bien fue sancionada pero aún no está vigente, habrá que ver qué le depara la Ley de bases a Argentina.
